ÁVILA NOTICIAS de Patrimonio

El 07 de Febrero de 2007 se publicaba en los medios de comunicación el resultado de la sentencia del juzgado de lo penal de Ávila sobre la villa romana descubierta en el Plan Parcial San Nicolás en la capital abulense en el año 2.003 y destruida el mismo año. En dicha sentencia se quitaba responsabilidad de la destrucción de la villa a los acusados e incluso se ponía en duda su existencia.

A la sentencia respondieron Ayuntamiento y Junta que los expedientes seguían su curso. Días después desde la Junta de Castilla y León se anunció la interposición de recurso de apelación ante el Juzgado de lo Penal de Ávila por la sentencia que absuelve a promotores del Plan Parcial y a Conexanfer del delito contra el patrimonio histórico que le imputaba la Junta por los daños ocasionados en julio de 2003 en los restos arqueológicos correspondientes a una villa romana.

Según Miguel Ángel García Nieto, alcalde de Ávila, “el expediente contra los promotores de ese plan parcial fue paralizado hasta que concluyera la vía penal, pero que una vez terminada seguirá su curso”.

Ha pasado más de un año y se desconoce si realmente se presentó el recurso anunciado, si se ha hecho en qué punto se encuentra. Y, qué decir del expediente del Ayuntamiento, en qué cajón duerme el sueño de los justos.

Como siempre la impresión que dan es la de dejar pasar el tiempo, que la gente se olvide. No hay duda de que creen que lo peor que existe es informar a los ciudadanos de los pasos que dan o de los que no dan. Es igual, lo importante parece ser que los ciudadanos ignoren lo que ocurre en su propia casa. Ambas instituciones dijeron que la información les llegaba en ese momento, aunque la sentencia estaba firmada cinco meses antes.

La sentencia, fechada en septiembre de 2.006, decía que no existe certeza de que se produjera un daño en los restos arqueológicos: "únicamente fue probado durante el juicio que las estructuras incipientes de un muro de la llamada villa romana simplemente fueron soterradas y ello no equivale ni implica el que se hayan dañado".

Según el juez "no existe certeza" de que los muros no continúen allí. "los promotores contaban con los permisos necesarios de licencia de obras" y "nada se les advierte de forma clara, precisa y concisa a la hora de ejecutar las obras".

La Comisión Territorial de Patrimonio el 10 de julio de 2003 suspendió las obras con el objeto de que se cumplieran todos los trámites arqueológicos, sin embargo continuaron las obras destrozando todo lo encontrado. En ningún momento la arqueóloga del Ayuntamiento y el arqueólogo de la Junta pudieron estudiar con detalle los hallazgos realizados.