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Un juzgado investiga la construcción de una central eléctrica en una zona protegida de Castril PDF  | Imprimir |
08/05/2011

El proceso parte de una denuncia interpuesta por la Plataforma por la Defensa del Río Castril

( Granada Hoy, http://www.granadahoy.com)

La Fiscalía Provincial de Granada ha solicitado la practica de diligencias en el procedimiento penal que se sigue en el Juzgado de Instrucción de Huéscar contra las obras clandestinas de la Central Eléctrica del Portillo en el término municipal de Castril por presuntos delitos sobre la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico, interpuesta por la Plataforma por la Defensa del Río Castril.

En las diligencias 87/11 abiertas por el Juzgado de Instrucción de Huéscar, la Fiscalía ha pedido que se libre oficio al Ayuntamiento de Castril, pidiéndole información de si existe o no licencia de las obras denunciadas; la clasificación y calificación del suelo y el carácter legalizable o ilegalizable de las mismas. Igualmente, han pedido que se libre oficio al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, para que proceda a la investigación de los hechos.

Desde la Plataforma por la Defensa del Río Castril esperan "que se cumpla la legalidad vigente y se depuren responsabilidades".

Por su parte, el alcalde de Castril, José Juan López Ródenas (PSOE), garantizó ayer que las obras de la central eléctrica que se está construyendo en el embalse del Portillo no están causando ningún daño medioambiental y consideró que la paralización cautelar ordenada por la Consejería de Cultura por estar afectada una zona del conjunto histórico del municipio "se resolverá en unos días". En declaraciones a Europa Press, Ródenas tachó de "interesada" la denuncia que la Plataforma en Defensa del Río de Castril ha presentando contra este proyecto ante el Juzgado de Instrucción de Huéscar por un delito contra la ordenación del territorio y contra el patrimonio histórico.

A juicio del regidor, esta denuncia "no tiene fundamento" porque se trata de una obra de interés general para cuya ejecución el Estado no necesita contar con el permiso de otras administraciones inferiores.
 
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